Por Alejandra Vásquez › 25 de octubre de 2021 › Tiempo de lectura estimado: 2 minutos

• La diputada de Morena, María Guadalupe Román Ávila, realizó una propuesta para aumentar la sanción mínima por el robo de auto
• También se incluye a quien traslade vehículos robados a otra entidad federativa o al extranjero
• Estado de México, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Baja California y Puebla son las entidades que encabezan los primeros lugares en este tipo de delito

La diputada de Morena, María Guadalupe Román Ávila, realizó una propuesta para aumentar la sanción mínima por el robo de auto, de cinco a seis años y la máxima se mantendría en quince años de prisión y hasta mil días de multa.

La iniciativa que conforma el artículo 377 del Código Penal destaca que dentro de esta sanción también se incluye a quien traslade vehículos robados a otra entidad federativa o al extranjero, cualquiera que no porte documentación que acredite la posesión.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informa que los días jueves son los de mayor incidencia en el robo de vehículos y que el principal horario en el que los delincuentes aprovechan para hurtar es de 5:00 a 9:00 de la mañana, cuando la mayoría de las personas se trasladan a sus trabajos o escuelas.

Actualmente la sanción mínima es de cinco años, en la propuesta enviada a la Comisión de Justicia se busca imponer penas mayores, para que de esta manera se logre disminuir el robo de auto y evitar que los autos sean utilizados en otros crímenes.

“Inicialmente se escogían automóviles de lujo, que después serían vendidos en otros países, pero ahora les da igual y lo único que les interesa es robar el vehículo a punta de pistola y utilizarlo para la comisión de otros delitos como el secuestro, asaltos, violaciones, etcétera” expresó la diputada.

Añadió que en estos casos se enfrentan a redes organizadas capaces de ejecutar el robo e incluso modificar el vehículo (pintura, matrículas, documentación, etcétera), lo que implica una infraestructura elaborada.

Asimismo, dijo que el Estado de México, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Baja California y Puebla son las entidades que encabezan los primeros lugares en este tipo de delito y que sus fiscalías y policías locales han sido incapaces de erradicarlo o controlarlo durante años.